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LA CUARENTENA: UNA NEGACIÓN AL
DERECHO A LA VIDA


       Derecho - 12/08/2020




 
Cuando hablamos de derechos estamos refiriéndonos, desde un aspecto legal, a determinadas facultades jurídicas que tenemos las personas, sea por razón de “naturaleza”, acuerdos voluntarios u otras causas. Un derecho es un poder proveniente de nuestra libertad sobre algún “objeto del derecho” (sea este material o intangible). La contracara de los derechos es la obligación por parte del resto de individuos de la sociedad en el reconocimiento y respeto de dichos derechos. Más allá de la vieja discusión acerca de si el derecho que poseemos los individuos deriva del libre albedrío - la voluntad – o la protección de un interés o fin, o bien sea por el mero reconocimiento que de dicha situación hace el Estado (colocando cada teoría un énfasis menor o mayor por el origen individual o colectivo de los derechos; y su preexistencia o creación-otorgamiento por una entidad supra-individual, o colectiva); lo cierto es que nos estamos refiriendo siempre a un “poder” que tienen los individuos para accionar sobre un objeto. El derecho vendría a ser un “nexo de disponibilidad” entre el sujeto y el objeto sobre el cual recae el derecho.

 
 
Las personas, desde un aspecto jurídico, tenemos “derecho a algo” siempre y cuando exista un reconocimiento de dicho nexo de disponibilidad, de nuestra potestad de accionar conforme a nuestra libertad, por parte de la sociedad y para la satisfacción de nuestras necesidades (siendo también nuestra decisión-poder el “ejercer” o “no ejercer” dicho derecho). En la medida de que existan restricciones a la libertad que nos da un derecho, al poder-facultad, de incidir sobre el objeto del derecho, decimos que tenemos menos derechos. Por ende, podemos decir que el derecho reconoce límites y grados. El Análisis Económico del Derecho ofrece una visión sintética y de fácil comprensión acerca del concepto de “derecho”, dada por la utilización de otro concepto que nos es familiar, como lo es el de “propiedad”. El derecho vendría a ser, bajo esta concepción, un derecho de propiedad que tiene el individuo sobre un objeto (sea este material o intangible). De este modo los individuos tenemos un “haz de derechos de propiedad” sobre un mismo objeto. En la medida que pueda ejercerlos, podemos decir que tenemos derechos.

 
 
Cuando nos estamos refiriendo al “derecho a la vida” hacemos alusión, desde una concepción contemporánea, al concepto de “vida digna”. Este concepto refiere a una serie de derechos necesarios, más allá del derecho a la vida en términos biológicos, para el transcurso de una existencia bajo determinadas condiciones que estimamos como socialmente mínimas. En última instancia, y bajo una concepción clásica y núcleo, nos podemos referir al concepto “derecho a la vida”, como el derecho a la “vida biológica”.

 
 
Tenemos derecho a la vida, en tanto podemos ejercer un poder-facultades sobre ella. Visto como derecho de propiedad, tenemos dicho derecho cuando podemos usar la vida (ius utendi), usufructuar la vida (ius fruendi) y abusar de la vida (ius abutendi), entendida esta última como el derecho de realizar transacciones libres con la vida y disponer “materialmente” de la vida (como sería el derecho a destruirla). Por ende, el suicidio no es más que una de las máximas expresiones del ejercicio del derecho a la vida. Precisamente porque tengo “derecho a la vida”, puedo disponer de ella. Una concepción distinta sería el negar el derecho a la vida, o verlo disminuido (menores derechos-facultades de disponer de ella). Cuando no tenemos un derecho sobre la vida, la misma se vuelve una obligación (una carga que tenemos sobre el resto de individuos de la sociedad).

 
 
Desde una concepción de los derechos humanos de primera generación el derecho a la vida es inalienable al ser humano. El Art. 3 de la de Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y en su preámbulo se reconoce a estos derechos como intrínsecos e inalienables a “todos los miembros de la familia humana”.

 
 
Cuando en términos discursivos se coloca la dicotomía “vida vs salud”, desde un punto de vista de los derechos, se niegan ambas. Si me restringen el ejercicio del haz de derechos que implica la vida, incluso desde su enfoque más clásico como “vida biológica”, esta deja de ser un derecho para transformarse en una obligación.

 
 
El ejercicio del derecho a la vida implica el nexo de disposición respecto al objeto “vida biológica”. Si nos encontramos en el contexto de un riesgo a perder la vida, por realizar determinadas acciones, está en el individuo el ejercer su derecho a la vida, gestionando sus propios riesgos sobre dicho bien de la manera que crea más conveniente. De otro modo, estamos negando, o al menos disminuyendo, el derecho a la vida que posee.

 
 
Mucho más peligroso es el creer que el derecho a la vida, en estos términos de pandemia y porque todo derecho es relativo, merece un límite por parte del Estado. Veamos la falacia de los argumentos que podrían argüirse al respecto:

 
 
-          El ejercicio de mis derechos coloca en riesgo a otros “derechos a la vida”: en el entendimiento que nadie puede ejercer su derecho a transitar libremente, y con él a gestionar el riesgo sobre sus propias vidas, porque, al hacerlo, se coloca en riesgo el derecho a la vida de los demás nos lleva al supuesto contradictorio de que, si nadie puede colocar en riesgo su vida, el derecho a la vida de todos se encuentra disminuido. Así, lo que queremos proteger termina siendo perjudicado.

 
 
-          Protegemos la vida: el hecho de transitar libremente, o reunirse, no coloca en riesgo el derecho a la vida del resto, hace falta hacer “algo más” para ello (no usar medidas de protección, no llevar un correcto aseo, no respetar el distanciamiento social, etc.). En este sentido, piénsese en alguien que camina en una vereda desierta. Desde luego, más allá de nuestra libertad, debemos “no dañar a los otros”, como reconocimiento (obligación) respecto a los derechos del resto. En un contexto en donde la situación es igualitaria para todos, en tanto que la pandemia coloca en igual condiciones de riesgo de contagio a todos los individuos, existe una disminución generalizada de derechos a la vida, así como de tránsito y reunión. Sin embargo, aniquilar los derechos no nos da más derechos; por el contrario, nos los quita. Si se prohíbe el “tránsito” o la “reunión”, no tengo “más derecho a la vida”. La pandemia, por la obligación de “no dañar al prójimo”, hace disminuir mi derecho a tránsito y reunión, debiendo realizar medidas positivas (obligaciones) para cumplir con este mandato; sin embargo, prohibirlos no hace aumentar el derecho a la vida de alguien, sino que lo disminuye, porque ahora ese “otro” no puede colocar en riesgo su vida, ni mucho menos ejercer su derecho a tránsito y reunión. Si adicionalmente a la disminución del derecho a la vida, y de todos los derechos que nos presenta la pandemia, no podemos gestionar nuestro riesgo contra la vida, el derecho a la vida, junto con todo el resto, se ve aún más disminuido (o aniquilados).

 
 
-          El Estado puede adoptar estas decisiones para cuidarnos: en términos prácticos, si el Estado puede restringir nuestras libertades, y nuestro derecho a gestionar el riesgo en contra de nuestra vida, la consecuencia es que tenemos la “obligación” de vivir; y ya no el “derecho a la vida”. La implicancia lógica es que “no nos pertenecemos”, pues ya no tenemos ese nexo de disponibilidad con nuestra vida. Este punto es una consecuencia de todo el análisis acerca de la “protección a la vida”; pues en definitiva alguien más “tiene el derecho” de protegernos, sin que podamos oponernos al respecto. Por el contrario, le pertenecemos al Estado, quien ahora puede, como su propiedad, disponer de nosotros de la manera que crea más conveniente. En última instancia, esto no es otra cosa que la esclavitud: derechos de propiedad sobre individuos. Dentro de los derechos de propiedad que poseería el Estado sobre nosotros, como titular de la esclavitud, está el gestionar nuestro riesgo a la vida. La contracara de la destrucción de la propiedad, en este caso asesinato, sería la protección de la cosa-individuo, como ejercicio de su derecho de abusar de la cosa (ius abutendi). Si nos puede proteger, incluso en contra de nuestra voluntad, el mismo ejercicio de dicho derecho, en sentido contrario, sería que nos puede asesinar.
 
 
Por lo tanto, el Estado no protege la vida, aniquilando el derecho a gestionar mi propio riesgo sobre ella, sino que la disminuye. Ante el mandato de no dañar a otro, y en el contexto de una pandemia, existe una restricción de absolutamente todos los derechos con los que cuentan los individuos.

 
La responsabilidad del Estado, para fortalecer derechos, en la crisis por la que atravesamos, consiste en la provisión de información de prevención de contagio, de manera que los individuos gestionen sus propios riesgos de manera adecuada y no caigan, de manera culposa, en comportamientos delictivos (por romper el mandato de no dañar a otro). Adicionalmente, puede fortalecer dicho objetivo con algunos protocolos destinados a que los individuos, a través de la información técnica adecuada, puedan realizar sus actividades.

 
Allí donde existan actividades más riesgosas, ante la información acerca de los peligros que ellas encierran, y las medidas para disminuirlo, quedará en manos de los individuos la decisión de asumir o no sus riesgos. Esta es una interpretación acerca de las medidas que puede realizar el Estado sin disminuir los derechos, y tratando de potenciar los que nos quedan.
 


Nicolás Baldino Mayer




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